El Universal, 6 de Enero de 2017 (Disponible aquí)
Los tiempos están cambiando. Respetados economistas como Emmanuel Sáez, Robert Reich, Paul Krugman y en particular Thomas Piketty afirman que vamos rápidamente hacia un futuro dominado por elites que extienden sus dominios a través de sus descendencias. Estas elites tienen además gran capacidad de multiplicar la riqueza en corto tiempo.
Históricamente, la tasa de ganancia de los grandes capitales ha sido de casi 5%, pero el crecimiento económico mundial promedio apenas ha llegado a 3%. Esta diferencia implica que los dueños del capital cada año acumulan una creciente porción de la riqueza del planeta.
La tendencia a concentrar más el capital tiene consecuencias preocupantes para la democracia. Al igual que en otros países, Colombia es un caso notorio de la ampliación de esta brecha y a la vez de la vulnerabilidad del Estado y su indiscutible captura por quienes detentan el poder económico.
Unos “cuantos” mantienen más riqueza de la que pueden gastar en varias vidas y usan los recursos para “comprar” el sistema político que sirve a sus intereses.
En Colombia los grandes capitales de las familias Sarmiento, Gilinski, Ardila, Santo Domingo y Eder, entre otras pocas, son una muestra de esta tendencia señalada por Piketty, y evidencian sin equívocos su gran influencia en el diseño institucional y en las reglas de juego que rigen la vida económica nacional.
El mejor ejemplo es la recién aprobada reforma tributaria. ¿Recuerdan cómo el impuesto al azúcar –destinado a enfrentar graves problemas de salud pública- fue penosamente eliminado de la propuesta gubernamental? Lo propio ha pasado con la cerveza, las telecomunicaciones, los medios de comunicación y el sector financiero, donde la regulación pareciera estar más cerca de los intereses del negocio que de la gente.
Según el gobierno, con esta reforma se evitará una crisis presupuestal inminente. Sin embargo, lo aprobado en el Congreso no resuelve estructuralmente el déficit público y mucho menos generará contrapesos a la excesiva concentración de la riqueza.
Colombia necesita un nuevo contrato social que mejore la redistribución de la riqueza. Esto se logrará cuando el sistema impositivo se sustente en los aportes de las personas con mayores ingresos, en particular en los impuestos al patrimonio, al capital y a las herencias.
Ya es hora de que el IVA, los impuestos al consumo y las rentas generadas por los recursos naturales no renovables sean los pilares de los ingresos públicos.
Los tiempos están cambiando, es cierto; pero es lamentable que por ahora se dirijan a beneficiar a la inmensa minoría.
*Decano Facultad de Economía y Negocios-UTB
COLUMNA EMPRESARIAL
dtoro@unitecnologica.edu.co
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viernes, 6 de enero de 2017
viernes, 26 de junio de 2015
Con la tina rebosada
El Universal, 26 de Junio de 2015 (Enlace)
En Colombia la pobreza se ha reducido de forma considerable en años recientes. Sin embargo, las brechas entre las regiones persisten e incluso aumentan y la inequidad se mantiene y es preocupante.
Para hablar de inequidad es necesario aclarar que ingreso y riqueza son conceptos diferentes: los ingresos equivalen a una llave abierta que llena una tina, mientras que la riqueza representa el nivel del agua en la tina. La concentración puede medirse entonces respecto a ambas variables. Hay concentración de ingresos cuando personas con salarios muy altos reciben entradas a chorros, mientras que el resto de mortales recibe un flujo que apenas le permite cubrir sus gastos. Así mismo, la concentración de riqueza ocurre cuando algunas personas tienen activos de mucho valor y su tina está rebosada.
La publicación el año pasado del libro “Capital en el siglo XXI”, de Thomas Piketty, le dio un nuevo impulso internacional a la discusión sobre la equidad. El economista francés plantea que la concentración del ingreso y la riqueza aumenta, pues es intrínsica al sistema capitalista, haciendo insostenible el sistema económico moderno. Para evitar su colapso, debe haber una importante intervención del Estado orientada a redistribuir los recursos por medio de impuestos.
Las investigaciones sobre el tema en Colombia muestran que las grandes desigualdades que caracterizan al país se explican más por la concentración de la riqueza que del ingreso.
Sin embargo, el DANE calcula el llamado coeficiente de Gini, una medida de desigualdad, solo para los ingresos, no para la riqueza.
Un reto importante para medir la concentración de la riqueza es el subregistro, por las múltiples formas que existen de “disfrazar” o “esconder” la riqueza. Así lo demuestra, por ejemplo, el reciente escándalo del Banco HSBC. Según la revista Forbes, el banco “…ayudó a ocultar más de 100.000 millones de dólares sin declarar de más de 100.000 clientes en su filial en Suiza”. Se trató de clientes de todas las nacionalidades, incluyendo a 286 colombianos.
Si la inequidad por ingresos en el país es alta, es de esperarse que la generada por la concentración de riqueza sea aún mayor. Por lo tanto, la intervención del Estado para corregir las divergencias mediante impuestos es no solo necesaria y justificable, sino urgente.
El problema es que las reformas tributarias propuestas (o las aprobadas) son tímidas y no enfrentan el problema, y las que lo hacen se hunden en el fango de la politiquería.
Y quienes las hunden pretenden lavarse las manos en sus tinas rebosadas.
En Colombia la pobreza se ha reducido de forma considerable en años recientes. Sin embargo, las brechas entre las regiones persisten e incluso aumentan y la inequidad se mantiene y es preocupante.
Para hablar de inequidad es necesario aclarar que ingreso y riqueza son conceptos diferentes: los ingresos equivalen a una llave abierta que llena una tina, mientras que la riqueza representa el nivel del agua en la tina. La concentración puede medirse entonces respecto a ambas variables. Hay concentración de ingresos cuando personas con salarios muy altos reciben entradas a chorros, mientras que el resto de mortales recibe un flujo que apenas le permite cubrir sus gastos. Así mismo, la concentración de riqueza ocurre cuando algunas personas tienen activos de mucho valor y su tina está rebosada.
La publicación el año pasado del libro “Capital en el siglo XXI”, de Thomas Piketty, le dio un nuevo impulso internacional a la discusión sobre la equidad. El economista francés plantea que la concentración del ingreso y la riqueza aumenta, pues es intrínsica al sistema capitalista, haciendo insostenible el sistema económico moderno. Para evitar su colapso, debe haber una importante intervención del Estado orientada a redistribuir los recursos por medio de impuestos.
Las investigaciones sobre el tema en Colombia muestran que las grandes desigualdades que caracterizan al país se explican más por la concentración de la riqueza que del ingreso.
Sin embargo, el DANE calcula el llamado coeficiente de Gini, una medida de desigualdad, solo para los ingresos, no para la riqueza.
Un reto importante para medir la concentración de la riqueza es el subregistro, por las múltiples formas que existen de “disfrazar” o “esconder” la riqueza. Así lo demuestra, por ejemplo, el reciente escándalo del Banco HSBC. Según la revista Forbes, el banco “…ayudó a ocultar más de 100.000 millones de dólares sin declarar de más de 100.000 clientes en su filial en Suiza”. Se trató de clientes de todas las nacionalidades, incluyendo a 286 colombianos.
Si la inequidad por ingresos en el país es alta, es de esperarse que la generada por la concentración de riqueza sea aún mayor. Por lo tanto, la intervención del Estado para corregir las divergencias mediante impuestos es no solo necesaria y justificable, sino urgente.
El problema es que las reformas tributarias propuestas (o las aprobadas) son tímidas y no enfrentan el problema, y las que lo hacen se hunden en el fango de la politiquería.
Y quienes las hunden pretenden lavarse las manos en sus tinas rebosadas.
domingo, 18 de agosto de 2013
Campanazos en Transcaribe
El Universal - 16 de Agosto de 2013 12:20 am (Enlace)
La demanda por transporte público formal de pasajeros se redujo mucho en Cartagena durante la pasada década. En 2009, se transportaron 300 mil pasajeros menos al día que en el año 2000 en buses, busetas y microbuses. Esto implica la reducción de casi un tercio del mercado de transporte público.
Resultados de diversas investigaciones de la Universidad Tecnológica de Bolívar subrayan que hay dos causas: el deterioro de la calidad del servicio y el incremento en los ingresos de los cartageneros.
El primer elemento se ve en los bajos promedios de velocidad de vehículos. Mientras que Transmilenio en Bogotá tiene una velocidad promedio de 26 km/h, la velocidad promedio de los buses de transporte público en Cartagena es de 13 km/h. Esto significa que un pasajero que recorre la misma distancia tarda el doble de tiempo en Cartagena.
El segundo elemento es el aumento de los ingresos: entre 2000 y 2011 el producto anual por habitante en Cartagena, descontando la inflación, casi se duplicó, al pasar de $3,9 a $6,6 millones. Este incremento implica que el transporte público, según las citadas investigaciones, es un bien inferior; es decir, las personas dejan de montarse en bus o buseta cuando su ingreso se eleva porque buscan otras alternativas, como el taxi o vehículos propios, especialmente motocicletas.
Lo anterior conduce a una reflexión sobre el futuro inmediato de la movilidad local. Según las investigaciones de la UTB, la demanda de pasajeros del sistema de transporte masivo será inferior a las proyecciones que maneja Transcaribe, lo cual pondría en riesgo su viabilidad como proyecto de inversión. Los escenarios más optimistas indican que Transcaribe podrá transportar alrededor de 200 mil personas al día, mientras que las estimaciones de la empresa proyectan una demanda de 400 mil pasajeros.
Como cartageneros debemos exigir una discusión más cualificada sobre Transcaribe, proyecto que ha comprometido y comprometerá cuantiosos recursos financiados con nuestros impuestos.
Por su parte, Transcaribe está en la obligación de sustentar la metodología usada para realizar las estimaciones de demanda sobre las cuales se estructura el proyecto financiero, y discutir sus implicaciones a la luz de los estimativos de otras instituciones, entre ellas la UTB.
Si bien los resultados de las investigaciones y las observaciones aquí señaladas pueden parecer muy puntuales, sus implicaciones superan el ámbito del transporte público: se relacionan con la viabilidad financiera de la ciudad y, más importante aún, con el bienestar de toda la población.
La demanda por transporte público formal de pasajeros se redujo mucho en Cartagena durante la pasada década. En 2009, se transportaron 300 mil pasajeros menos al día que en el año 2000 en buses, busetas y microbuses. Esto implica la reducción de casi un tercio del mercado de transporte público.
Resultados de diversas investigaciones de la Universidad Tecnológica de Bolívar subrayan que hay dos causas: el deterioro de la calidad del servicio y el incremento en los ingresos de los cartageneros.
El primer elemento se ve en los bajos promedios de velocidad de vehículos. Mientras que Transmilenio en Bogotá tiene una velocidad promedio de 26 km/h, la velocidad promedio de los buses de transporte público en Cartagena es de 13 km/h. Esto significa que un pasajero que recorre la misma distancia tarda el doble de tiempo en Cartagena.
El segundo elemento es el aumento de los ingresos: entre 2000 y 2011 el producto anual por habitante en Cartagena, descontando la inflación, casi se duplicó, al pasar de $3,9 a $6,6 millones. Este incremento implica que el transporte público, según las citadas investigaciones, es un bien inferior; es decir, las personas dejan de montarse en bus o buseta cuando su ingreso se eleva porque buscan otras alternativas, como el taxi o vehículos propios, especialmente motocicletas.
Lo anterior conduce a una reflexión sobre el futuro inmediato de la movilidad local. Según las investigaciones de la UTB, la demanda de pasajeros del sistema de transporte masivo será inferior a las proyecciones que maneja Transcaribe, lo cual pondría en riesgo su viabilidad como proyecto de inversión. Los escenarios más optimistas indican que Transcaribe podrá transportar alrededor de 200 mil personas al día, mientras que las estimaciones de la empresa proyectan una demanda de 400 mil pasajeros.
Como cartageneros debemos exigir una discusión más cualificada sobre Transcaribe, proyecto que ha comprometido y comprometerá cuantiosos recursos financiados con nuestros impuestos.
Por su parte, Transcaribe está en la obligación de sustentar la metodología usada para realizar las estimaciones de demanda sobre las cuales se estructura el proyecto financiero, y discutir sus implicaciones a la luz de los estimativos de otras instituciones, entre ellas la UTB.
Si bien los resultados de las investigaciones y las observaciones aquí señaladas pueden parecer muy puntuales, sus implicaciones superan el ámbito del transporte público: se relacionan con la viabilidad financiera de la ciudad y, más importante aún, con el bienestar de toda la población.
jueves, 11 de abril de 2013
La Curva de Laffer
Reciente evidencia empírica publicada en el American Economic Review (Romer and Romer, 2010) sugiere que para los Estados Unidos la tasa imposititiva que maximiza el recaudo del gobierno es del 33%. Este interesante video ilustra este hecho. Este resultado es sustancialmente superior a las tasas medias observadas para Cartagena por Toro y Doria (2010) sugiriendo que el punto de inflexión de la curva depende del nivel de ingresos.
Referencias
Daniel Toro González y Martha Elena Doria "La curva de Laffer y la optimización del recaudo tributario en Cartagena, Colombia" . Economía & Región ISSN: 2027-3711 ed: v.4 fasc.1 p.73 - ,2010
Christina D. Romer and David H. Romer "The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks" American Economic Review 100 (June 2010): 763–801
Referencias
Daniel Toro González y Martha Elena Doria "La curva de Laffer y la optimización del recaudo tributario en Cartagena, Colombia" . Economía & Región ISSN: 2027-3711 ed: v.4 fasc.1 p.73 - ,2010
Christina D. Romer and David H. Romer "The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks" American Economic Review 100 (June 2010): 763–801
jueves, 6 de diciembre de 2012
La indiferencia del 1%
El Universal, Publicado el 28 Septiembre 2012.
En recientes entrevistas en Semana (30 de junio) y El Tiempo (22 de septiembre), el economista José Antonio Ocampo, ex ministro de Hacienda y profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, subraya la importancia de incorporar criterios de redistribución en las políticas públicas y resalta la necesidad de una reforma tributaria progresiva que elimine los subsidios que no pocos sectores han venido recibiendo durante años.
En 2007, como parte de una investigación sobre el recaudo tributario para la Secretaría de Hacienda de Cartagena, un grupo de economistas de la Universidad Tecnológica de Bolívar revisó una a una las actas del Concejo Distrital entre 1980 y 2005 para rastrear los cambios que ha tenido el impuesto predial, un tributo esencial para entender la progresividad en el plano local. Se halló, por ejemplo, que la tasa del predial de los hoteles (5,5 por mil del avalúo catastral) es casi la mitad de las de los sectores industrial y comercial (10,5 y 9,5 por mil, respectivamente). Más aún, la tasa impositiva del sector turístico resultó ser inferior a la tasa fijada para entidades educativas y de beneficencia (7,5% y 6,5%), que son organizaciones sin ánimo de lucro. Esta realidad, en la que los pobres ponen más, va en contravía de cualquier criterio de redistribución y equidad.
Aunque llamativo, el caso del sector turístico no es único. Las zonas francas, los puertos y otras concesiones engrosan la lista de actividades que gozan de subsidios tributarios y, por consiguiente, retornos mayores que los generados en libre competencia. En general, como lo ha planteado en sus estudios Aarón Espinosa, de la UTB, dado que, fuera de consideraciones de equidad tributaria, las políticas de crecimiento basadas en subsidios no tienen un impacto comprobable, se impone adoptar otras estrategias de fomento al crecimiento económico.
Frente a estas inequidades, se debe replantear el sistema tributario de Cartagena hacia un esquema más progresivo. Lamentablemente, los esfuerzos adelantados por la administración Pinedo en la construcción de un estatuto tributario más equitativo no tuvieron el suficiente respaldo político. Se perdió así una extraordinaria oportunidad de estructurar un sistema más igualitario, que contribuya a reducir las grandes diferencias entre sus habitantes.
En Estados Unidos la discusión sobre recortes tributarios a los más ricos, comúnmente llamados el "1%", está en el centro de la agenda de los partidos políticos –los republicanos para aumentar esas prebendas y los demócratas para disminuirlas. La discusión se centra finalmente en quién genera los empleos en la economía, el "1%", compuesto por empresarios e inversionistas, o el 99% restante, que demanda bienes y servicios. La pregunta válida en Colombia y en Cartagena es la misma: ¿a quiénes debe exigírsele un mayor esfuerzo tributario para fomentar el crecimiento económico?
El hecho cierto es que el sistema tributario de Cartagena es inequitativo y no necesariamente promueve el crecimiento. Con cada exención tributaria que se aprueba, se aumenta la cuota que ponemos el resto de los ciudadanos que hacemos parte del 99%. Cuando el 1% deja de poner, somos el resto quienes asumimos la carga.
Enlace
lunes, 9 de julio de 2012
Incentivos Tributarios
Cuando los ricos dejan de poner somos el resto los que asumimos la carga.
En entrevistas recientes en la revista Semana y El Tiempo, el economista José Antonio Ocampo (lea entrevista Semana y El Tiempo) vuelve a recalcar lo que muchas veces se ha dicho; que es necesaria una reforma tributaria para eliminar los incentivos que muchos sectores han venido acumulado durante años. A pesar de que el artículo se refiere a un estatuto tributario nacional, el debate es igualmente valido al nivel de los gobiernos locales, como el de Cartagena de Indias.
En el 2007, por iniciativa del secretario de hacienda de la época Felipe Merlano, desde la Universidad Tecnológica de Bolívar nos dimos a la tarea de revisar las actas del concejo de la ciudad de Cartagena para ver los cambios y las modificaciones realizadas a las tasas del impuesto predial por sectores económicos. Como uno de los resultados derivados de dicha revisión se observa por ejemplo que la tasa que hasta entonces pagaban los hoteles por impuesto predial era casi de la mitad de las impuestas sobre los sectores industrial y comercial. Y más ridículo aún, es inferior a la que pagan las entidades educativas y de beneficencia. (Ver TABLA 2 del estudio)
De acuerdo a Ocampo “Tenemos que sanear el sistema tributario colombiano que no produce lo suficiente y tiene múltiples y excesivas excepciones para ricos que se han multiplicado con el tiempo y que deben ser desmontadas de alguna manera.”
En los Estados Unidos la discusión sobre recortes tributarios a los más ricos, llamados el "1%", está en el centro de la agenda de cada uno de los partidos, los republicanos para aumentar dichas ayudas y los demócratas a disminuirlas. La discusión se centra finalmente en ¿quién genera los empleos en la economía, el "1%" o el resto de la población, también llamado el "99%"? La pregunta válida en Colombia y en Cartagena es la misma, quién debe poner más esfuerzo para alcanzar un mayor nivel de desarrollo. Creo que la respuesta es clara, con cada exención que se aprueba, se aumenta la cuota que ponemos todos los que formamos parte del "99%".
Daniel Toro González y Martha Doria, “La curva de laffer y la optimización del recaudo tributario en Cartagena”, Universidad Tecnológica de Bolívar. April 2007.
Descargue el documento aquí.
Recomiendo leer el interesante caso de Islandia presentado por la revista Semana. (Aquí)
lunes, 25 de octubre de 2010
Sobre Uribe, los Nule y el PGN
El caso de los Nule donde están embolatados más de quinientos mil millones de pesos, puede ser una bicoca en comparación con los compromisos que el Gobierno de Uribe firmó para proyectos de infraestructura con cargo a vigencias futuras.
Teniendo en cuenta la naturaleza anual del Presupuesto General de la Nación (PGN), las vigencias futuras aparecieron como herramienta para permitir el desarrollo de proyectos de inversión especialmente en infraestructura, necesarios para el desarrollo del país, y recientemente, también como caja mayor de los corruptos.
Durante los dos gobiernos de Uribe se despertó un gran interés por el uso de este instrumento, supongo que con el fin de solucionar los problemas de infraestructura del país, que son muchos. De acuerdo con el documento REGLA FISCAL PARA COLOMBIA preparado por un comité técnico interinstitucional en el que participaron miembros del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación (Ver documento), hay aproximadamente 1,4 billones de pesos en vigencias futuras destinados sólo a contratos de concesión, sí, contratos como los del grupo Nule. Pero, ¿hay que preocuparse?, ustedes juzguen: Los contratos de concesión son apenas una muestra de lo que se puede venir pierna arriba, estos contratos representan apenas el 6% del total de vigencias futuras destinadas a financiar proyectos de inversión autorizados durante las administraciones Uribe, es decir, la feria de contratos en los últimos años ha sido grande, muy grande y las contingencias que el Estado puede enfrentar en el futuro pueden ser inmensas.
Nadie niega que todos los proyectos planteados sean importantes para sacar a Colombia del atraso en infraestructura en que se encuentra, pero dados los titulares recientes, en un país donde las firmas constructoras tienen más abogados que ingenieros, da mucho temor de que lo sucedido con los Nule y sus contratos de concesión en Bogotá sea sólo una muestra de lo que está pasando con el resto de contratos en el resto del país. De ser así el total de los recursos comprometidos por la administración Uribe para proyectos de infraestructura se eleva 23 billones de pesos, una bicoca equivalente al 36% del total del Presupuesto General de la Nación aprobado para el 2011, o a que cada uno de los 17 millones y medio de afortunados colombianos que se encuentran ocupados hoy según el DANE se bajara del bus con un millón trescientos mil pesos (1, 316,719) pasa salir de esas culebritas.
Sólo queda rezar entonces para que el resto de recursos destinados a obras de infraestructura financiados con vigencias futuras se encuentren en mejores manos que las de los concesionarios de Bogotá. Habrá que encomendarse a San Uriel.
viernes, 27 de agosto de 2010
Desempeño Fiscal y Competitividad
Alrededor de la propuesta de Estatuto Tributario de Cartagena se han escuchado voces de descontento desde algunos sectores, algunos incluso señalándolo de “muy académico” como si esta connotación tuviera algo de negativo. Es comprensible que los primeros en manifestar su inconformidad sean los empresarios de la ciudad, la teoría económica nos enseña que eso es lo que ellos mejor saben hacer, cuidar que los réditos de sus inversiones no sufran (maximización de los beneficios de la firma). Por supuesto no hay que pedir peras al olmo y esperar que acepten una propuesta que se atreve a desafiar su rentabilidad en el corto o mediano plazo.
Sin embargo no es comprensible que a la luz de las evidencias se abstengan de comprender que un mejor desempeño fiscal del municipio finalmente redundará en mejores condiciones de competitividad para sus empresas. En este sentido el Estatuto Tributario de Cartagena se convierte actualmente en la mejor estrategia de competitividad que la ciudad dispone.
¿Cuál es la evidencia entonces de que la propuesta de la Administración puede llevar a Cartagena por la senda del crecimiento? Un ejercicio sencillo provee algunas luces sobre el tema. Analizar la relación entre el Indicador Global de Competitividad (IGC) contra la capacidad fiscal[1] de los municipios deja ver que existe una clara relación entre ambas variables. Al hacer el ejercicio de relacionar estadísticamente estas variables para 21 de los principales municipios en Colombia se encuentra que el 84% de los cambios en el Índice de Competitividad están relacionados con los cambios en la capacidad fiscal de los municipios, resultado que sólo sirve para corroborar la estrecha relación entre las dos variables. Adicionalmente, no sólo la relación es muy cercana sino que es positiva y solida en términos estadísticos, los cálculos indican que los municipios de mayor capacidad fiscal son a su vez los más competitivos.
Desde luego que esta hipótesis puede, y debe ser analizada con mayor detalle, sin embargo estos cálculos iniciales concuerdan con trabajos realizados anteriormente como “Competitividad y localización de empresas: La experiencia de Cartagena frente a la evidencia colombiana en los noventas” (Toro, 2005) publicado en la Serie de estudios sobre la competitividad de Cartagena (No 3.) y “Localización de la industria manufacturera en Colombia 1990-1999” publicado por la Universidad Tecnológica de Bolívar en la Revista Economía & Región No.2.Vol.1 (Toro, 2004), en los cuales se concluye que no existe evidencia que vincule los impuestos locales con las decisiones de localización de las empresas en Colombia.
Estos son argumentos que pueden ayudar a que los empresarios hagan el ejercicio académico de reflexionar antes de enfilar baterías en contra de una propuesta que tiene toda la intención de ayudar a construir una mejor ciudad y de generar las condiciones para aumentar su rentabilidad en el mediano y largo plazo. En la discusión de la reforma tributaria debe brillar la ciencia y la argumentación, no los prejuicios ni los sesgos con los que algunos han abordado el debate.
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