viernes, 21 de octubre de 2016

¿A ver qué pasa?


El Universal, 21 de Octubre de 2016 12:00 am (Enlace)

Desde el pasado 2 de septiembre los cartageneros padecemos la restricción del nuevo pico y placa. Soy partidario de medidas que desincentiven el uso del auto particular y favorezcan el transporte público, pero se necesita saber cuáles son sus costos económicos y sociales para poder aplicarlas. Al revisar el Estudio Técnico elaborado por el DATT para motivar su ampliación, no se hallan respuestas.

Aparte de un ejercicio de aforo detallado, el documento carece de mediciones que permitan establecer, por ejemplo, el incremento de la demanda inducida, esto es, cuánto aumenta el uso de otros vehículos si se reduce la congestión. Tampoco muestra evidencia sobre su impacto, ni tampoco metas para evaluar la efectividad de la medida.

Como lo señala el documento, en Latinoamérica hay casos de restricción al uso de automóviles, como en Chile y México, donde se han aplicado argumentos ambientales. Sin embargo, éste desconoce el hecho de que en ningún país del mundo esta política ha sido tan usada como en Colombia. Aquí el pico y placa se ha extendido a pesar de que diversos estudios, como los de los profesores Víctor Cantillo y Juan Ortúzar (revista DYNA, 2014), muestran que sus efectos son nulos e incluso adversos en el largo plazo.

Ambos estudios muestran que el pico y placa es mucho menos eficiente que otras formas de regulación como el pago por congestión. Puede haber una cuantiosa suma de dinero representada en disposición a pagar por el uso continuo del automóvil que puede ser recolectada y usada para financiar modos de transportes más eficientes. Políticas de pago por congestión se usan desde hace décadas en Singapur, Londres, Toronto, París, Oslo, entre otras ciudades.

La principal crítica al pico y placa consiste en que aumenta el parque automotor en el largo plazo, llegando con el tiempo a la congestión que motivó la medida. Incluso puede empeorarla en periodos de no aplicación, como ocurre los fines de semana por el aumento de carros de reemplazo.

Comprar un carro adicional por negocios y hogares de ingresos medios y altos implica que el peso de la restricción vehicular impacta principalmente a los hogares de menores ingresos que tienen automóvil, haciendo la medida inequitativa e injusta.

En respuesta a lo anterior y a los síntomas de ineficacia de la medida a largo plazo, la Administración distrital sólo plantea ampliarla. Esta decisión, tomada a la ligera, generará mayores costos sociales y no servirá para nada. Es inaceptable que se sigan tomando decisiones tan sensibles con el ya memorable principio del vamos a ver qué pasa.

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